Cuando la ideología pretende imponerse a la ciencia

Publicaba este mismo diario [El Confidencial] el domingo 24 de mayo una tribuna de la diputada del PP Milagros Marcos Ortega bajo el título «Cuando la ideología se impone a la ley, el Estado de derecho se rompe» en la que la autora vertía algunas opiniones como absolutas verdades jurídicas. En ese empeño señalaba la gestión del lobo como ejemplo pragmático de ruptura del Estado de derecho, afirmando que se estaba produciendo un incumplimiento deliberado del ordenamiento jurídico nacional y europeo. Se refería al proceso que el Ministerio para la Transición Ecológica ha venido desarrollando desde que el pasado junio de 2025 se conociera el censo de la especie, un censo que indica un estado de fragilidad demográfica, genética y de distribución del lobo que algunas comunidades autónomas llevan meses pretendiendo alterar con evaluaciones al alza e incluso infundadamente alarmistas. Unos meses antes, en marzo de 2025, el partido de la señora Marcos introdujo enmiendas durante la tramitación parlamentaria en la conocida como ley de desperdicio alimentario que dieron como resultado la desprotección del lobo ibérico. Sí, han leído bien, el lobo se desprotegió en España a través de una ley que nada tiene que ver con los lobos, ni con la biodiversidad. Es decir, se introdujo una cuestión ideológica, la inquina contra una especie, que es además una especie clave, en un marco legislativo que tendría que servir para evitar el desperdicio de alimentos. El Defensor del Pueblo recurrió estas modificaciones ante el Tribunal Constitucional.

En nuestro Estado de derecho la protección de las especies silvestres no es una cuestión ideológica, sino científica y jurídica, y precisamente por eso los mecanismos de control constitucional y judicial son garantía, no obstáculo. El texto de la señora Marcos olvida precisamente algo tan esencial, que la gestión del lobo sí es una cuestión ambiental, y muy especialmente científica. El derecho ambiental, tanto en nuestro ordenamiento nacional como en el europeo, está conformado por la ciencia y avanza gracias a ella. No es posible disociar ambas dimensiones sin vaciar de contenido el marco normativo que la autora dice defender en su tribuna. Una tribuna en la que también olvida que en un Estado de derecho las decisiones de los poderes públicos sobre especies silvestres deben estar basadas en la mejor ciencia disponible, y esto no es opinión ni ideología, es un mandato de nuestro ordenamiento jurídico constitucional reiterado por la doctrina más autorizada de nuestro Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente en el caso del lobo. Pero sobre todo olvida que la legitimidad democrática formal no agota el Estado de derecho, y que una norma puede ser formalmente aprobada por mayoría parlamentaria -como lo fueron aquellas enmiendas que extrajeron al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial- y aun así ser inconstitucional por vicios materiales o procedimentales. Y ello porque la democracia tiene reglas y sobre todo tiene contenido, un contenido que va mucho más allá de votar a favor de unas enmiendas en una norma que nada tiene que ver con el lobo.

Utilizar las instituciones democráticas para alterar una norma de contenido ambiental sin respeto a los requisitos que formal y constitucionalmente se imponen en los procedimientos legislativos no es un ejercicio legítimo de mayorías parlamentarias, sino que constituye una desviación de poder que el ordenamiento jurídico proscribe, incluso para el poder legislativo. Y así es difícil de sostener que una defensa del Estado de derecho como la que pretende hacer la señora Marcos tilde de irrelevante la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad sobre estas cuestiones, cuando es nuestro Estado de derecho el que precisamente permite que la actuación de los poderes públicos y de la administración -local, autonómica, nacional- pueda ser revisada en sede judicial o constitucional para comprobar si se ajusta o no en su forma y contenido a la legalidad, principio sobre el que pivota ese Estado de derecho.

Lo que verdaderamente degrada las instituciones es vaciarlas de contenido democrático mientras hacen de la ciencia rehén de su ideología. Nuestro ordenamiento jurídico aboga por el modelo de coexistencia entre actividades humanas y fauna salvaje basado en el rigor científico y la proporcionalidad, y en el caso del lobo en particular en la aplicación de medidas preventivas y en indemnizaciones rápidas y justas de los daños sobre la ganadería. No ignoramos en este debate la realidad de esa ganadería ni las dificultades a las que el sector se enfrenta, pero la respuesta a esas dificultades no puede ser la eliminación de la protección de una especie silvestre mediante enmiendas parlamentarias sin base científica. El Estado de derecho que merece ser defendido no es el que promulga que primero se dispara y después se pregunta si había otra solución; ni tampoco el que convierte la muerte de lobos en solución jurídica porque resulta más barata y políticamente más cómoda. Finalmente, afirma en su tribuna la diputada del PP que «más de 50 cabezas de ganado son asesinadas por lobos cada día en nuestro país». Asesinadas. Señora Marcos, los lobos son animales, y como bien sabrá la RAE define el asesinato como un acto entre personas, entre humanos, no entre animales. Los lobos son carnívoros y naturalmente comen carne, pero no asesinan animales. No seremos nosotros quienes lo hagamos, pero si usted desea incorporar la figura del asesinato en este debate, en los mataderos españoles se sacrifican diariamente más de dos millones de animales, a los que debería sumar los aproximadamente veinte millones que anualmente se matan en cacerías.

Como se ha dicho, las enmiendas a la ley de desperdicio alimentario aprobadas con los votos del PP y VOX están siendo analizadas por el Tribunal Constitucional; son numerosos los recursos judiciales en marcha contra las matanzas de lobos emprendidas por algunas comunidades autónomas; y actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica tiene abierto un proceso de información pública para analizar el documento sobre el estado de conservación del lobo ibérico que debe ser remitido a la Comisión Europea. Todo esto parece molestar a la señora Marcos, diputada que, recordemos, afirmó en 2022 en sede parlamentaria que unos días antes corriendo entre las viñas vio cómo diez lobos corrían a su lado. El debate de la coexistencia con la fauna salvaje en general, y con el lobo muy en particular, precisa de seriedad, rigor, atención a la ciencia y aplicación del principio de precaución. Atendamos a lo que nos dicen los científicos y aguardemos el fallo del Tribunal Constitucional para evitar vernos obligados a deshacer entuertos que tan alto coste pueden tener.

Publicado originalmente en El Confidencial, 29/05/2026