Cuando hace unas semanas desde la nave Orion nos llegaron imágenes de la cara oculta de la Luna, los consejeros autonómicos de las comunidades donde habitan lobos en España respiraron con alivio: no había lobos a la vista. Y es que en este 2026 en que la Humanidad ha sido capaz de desarrollar una tecnología que permitió llevar a cuatro personas a los confines de la Luna, los responsables de diversas regiones del norte de España nos azotan semanalmente con la admonición de que la ganadería está en riesgo por culpa de los lobos. Somos capaces de poner una nave con cuatro personas a girar alrededor de la Luna, pero hay quien nos quiere hacer creer que en España no es posible implementar sistemas para coexistir con apenas 2.000 lobos sin prescindir de matarlos a balazos.

No es esta una afirmación gratuita, se basa en declaraciones públicas que pueden leerse en la hemeroteca. Hace unos días así lo expresó Marcelino Marcos, consejero de medio rural del gobierno asturiano tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que daba la razón a las demandas presentadas por organizaciones ecologistas contra las matanzas de lobos impulsadas por el gobierno regional.

Este tipo de declaraciones alarmistas son también habituales en los responsables públicos de Galicia, de Cantabria y de La Rioja, comunidades que, como Asturias, abrazaron la matanza de lobos tras la desprotección de la especie en marzo de 2025. Incluso en Euskadi y Aragón, territorios donde la especie tienen una presencia testimonial, sus gobiernos se expresan en estos términos. La pregunta que procede es si estas afirmaciones tienen algún rigor. ¿Está la ganadería en riesgo por la presencia de los lobos? Analicemos algunas cifras.

Asturias cerró su censo bovino de 2025 con 337.000 animales; Galicia supera el medio millón; Cantabria cuenta con unas 250.000 vacas; y Euskadi con unas 150.000. Es decir, hablamos de más de un millón de vacas solo en las comunidades cantábricas.

A la vista de que la ganadería bovina -que es la principal en esas regiones cuyos responsables son los impulsores de mensajes apocalípticos- no está en peligro, hablemos de los daños ocasionados por los lobos.

Según distintos datos tomados de las comunidades autónomas, el número de animales afectados anualmente por ataques de lobos se sitúa en unos 15.000 para el total de los territorios en que los lobos están presentes en la mitad norte de España -porque en la mitad sur los eliminamos hace pocas décadas-. En esos territorios el censo ganadero total en extensivo supera los tres millones de animales. La afección numérica de esos 15.000 animales muertos atribuidos a los lobos supone el 0,5 por ciento de la cabaña ganadera total en extensivo. Las pérdidas de animales por otras causas, como enfermedades o ingestión accidental de plantas tóxicas, supera esa cifra. Por poner un contraste, el brote de dermatosis nodular contagiosa (DNC) que afectó a Cataluña a finales de 2025 derivó en el sacrificio de más de 2.000 vacas solo en Girona, algo más del 1,5 por ciento del censo bovino de esa provincia.

Basándonos en datos, los daños de los lobos no son una amenaza para el sector ganadero. Esto no exime de que en casos muy determinados los daños pueden derivar en problemas puntuales de algunas explotaciones. Porque, más allá de las cifras globales, hay que observar los problemas individuales. Pero para ello están las medidas preventivas y compensatorias.

Los daños de los lobos se pueden y se deben prevenir y minimizar. Para ello existen numerosas alternativas, desde el uso de perros de vigilancia bien entrenados hasta los vallados y sistemas de seguimiento con tecnología de localización, medidas que tienen que ir acompañadas de un cuidado de los animales con cierres nocturnos y pastoreo presencial. Todas estas medidas deben contar con el apoyo de las administraciones, con acciones de formación y suficiente respaldo económico, medidas que además pueden generar empleo en el medio rural. Tenemos como sociedad el reto de abordar esas medidas de coexistencia con la fauna salvaje, siendo conscientes de que en ciertos casos son complejas de implementar. Pero sabemos cómo hacerlo, el objetivo es llevarlo a cabo sobre el terreno afrontando las dificultades que existen, analizando los casos individualmente y creando marcos de mediación con la imprescindible participación del sector ganadero.

Además, los daños de los lobos, como todos los de la fauna salvaje, deben ser indemnizados de manera ágil y contemplando otros efectos que conllevan los mismos. Esos daños ascienden actualmente a una cifra que se mueve entre ocho y diez millones de euros anuales para el total de las comunidades donde los lobos están presentes. También leemos y escuchamos declaraciones en el sentido de que esos daños económicos son “inasumibles”. Solo el gobierno de Asturias gastó en 2022 más de diez millones de euros en mejorar las instalaciones de una estación de esquí, la de Valgrande-Pajares, que desde entonces apenas pudo ser utilizada unas pocas semanas por falta de nieve, algo previsible en un contexto de cambio climático.

Pero además de todo esto, los lobos aportan lo que se ha venido a llamar servicios ecosistémicos. Esto quiere decir también beneficios que nos afectan de manera directa a las personas en nuestra vida cotidiana. Los grandes carnívoros regulan las poblaciones de herbívoros, como ciervos y jabalíes, cuya abundancia puede derivar en problemas de degradación de vegetación, de índole sanitario, e incluso de seguridad vial.

La población de ciervos y jabalíes en parques nacionales como Cabañeros o Monfragüe está generando graves problemas en el ecosistema de ambos espacios; el brote de peste porcina en Cataluña enfrenta a la administración a un grave problema con consecuencias económicas elevadísimas; y los accidentes de tráfico por atropello de fauna -principalmente ciervos, jabalíes y corzos- supusieron en España más de 30.000 casos en 2024, con ocho personas fallecidas y más de 500 heridas, además de un monto económico que se estima en más de 100 millones de euros. En Norteamérica la presencia de pumas en territorios que esta especie recolonizó, redujo los accidentes de tráfico con ungulados en un 22 por ciento, lo que se estima que pudo salvar 155 vidas humanas y evitar más de 21.000 personas heridas.

Tras la ignominiosa maniobra política impulsada en 2025 por el PP y Vox, abrazada por Junts y PNV, extrayendo al lobo del listado de especies protegidas, los gobiernos de Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja se lanzaron a matar lobos. Afortunadamente asistimos a pronunciamientos judiciales que vienen a confirmar lo que desde la ciencia se viene defendiendo, paralizando muchos de esos planes. Pero esas comunidades anuncian que no se detendrán, que pese a los datos y las sentencias quieren imponer su relato, un relato en el que los apenas 2.000 lobos ibéricos que habitan en España son la causa de todos los males del medio rural.

En las próximas semanas, el gobierno español tiene que cumplir con la obligación de remitir a la Comisión Europea el informe sobre el estado de conservación del lobo, y algunas comunidades autónomas ya han anunciado que pretenden imponer un informe que les permita seguir matando lobos, un informe contrario al criterio del Ministerio de Transición Ecológica y contrario a todos los informes científicos que señalan que la población de lobos sigue estando en una situación frágil y vulnerable.

Sabemos que no hay lobos en la Luna, que muy probablemente allí no exista ninguna forma de vida. Aquí, en la Tierra, tenemos la fortuna de convivir con innumerables especies, muchas de las cuales están desapareciendo en una galopante crisis de biodiversidad, extinciones que estamos causando los humanos cazando, alterando hábitats e incluso modificando las condiciones de vida del planeta a nivel global. Los lobos ibéricos son uno de los mayores exponentes de la belleza natural del planeta que habitamos. Salvemos a los lobos.

Artículo publicado originalmente en elDiario.es el 12 de mayo de 2026

La batalla cultural con la desprotección del lobo (Canis lupus) del sector más extremista acaba de dar un salto de escala. En este caso Galicia, o más bien, la Xunta, aparece en el centro de la trama sin que el conjunto del país se dé cuenta. En esta escalada se emplean argucias legales y, sobre todo, se le abre la puerta a la anticiencia. No estamos hablando de la gestión, ni de convivencia o conservación. Es puramente una lucha por la imposición de un relato con consecuencias mucho más allá de la conservación de una especie.

Cada seis años, los Estados miembros de la UE están obligados a remitir un informe sobre el estado de conservación de las especies y hábitats (artículo 17 de la Directiva de Hábitats). No es un trámite menor ni un mero ejercicio burocrático. De estos informes depende lo que pasará con la biodiversidad en el conjunto de la UE y en los diferentes Estados en los próximos años. Estos informes sexenales son elaborados por los respectivos ministerios con datos que, en el caso de España, proporcionan las comunidades autónomas. El informe del Ministerio para la Transición Ecológica, construido con esos datos autonómicos, concluía que el lobo se encuentra en un estado de conservación desfavorable. Lo habitual, normal y esperable es que este proceso concluyera con el Ministerio remitiendo el informe a la Unión Europea.

Desprotección

Este es el punto de partida. A partir de aquí, ruido y maniobras.

Las comunidades del PP urden una operación en la que la Xunta de Galicia tiene un papel central. En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne tanto a las CCAA como al Ministerio, la Xunta presenta un informe alternativo que habría sido presuntamente encargado y pagado con dinero de la ciudadanía gallega sobre algo que está más allá de las fronteras físicas y legales de la comunidad autónoma. La opacidad es evidente: informe de autoría, criterios y coste desconocidos y, sobre todo, por qué una administración autonómica decide intervenir en un asunto que excede con mucho sus competencias políticas, territoriales y, posiblemente, su legitimidad.

Para sorpresa de nadie, este informe «alternativo» concluye que el lobo está en un estado de conservación favorable. En Galicia, desafortunadamente, parece que no se está prestando atención a esto. El asunto pasó con poca o ninguna huella por los medios y la oposición tampoco parece ser consciente de lo que está ocurriendo. La Xunta está actuando en una maniobra que tiene efectos no solo en el Estado sino también en la relación con Bruselas y con Portugal, ya que se pondría en peligro su población de lobo.

Si esto prospera, buena parte de lo avanzado en la conservación de la especie del lobo en el conjunto del Estado en las últimas cuatro décadas marcharía por el vertedero de la historia. Y recordemos: el lobo no es una especie más, es el buque insignia y el símbolo de la conservación de la naturaleza en occidente y también el termómetro que mide de manera precisa nuestra relación con la biodiversidad.

En definitiva, no estamos hablando de una simple diferencia de criterio, hablamos de torcer la realidad para que encaje en su discurso interesado. No hay ciencia ni datos detrás, solo un pulso de poder. No hay conservación, solo cuánto se puede llegar a desproteger una pieza clave en los ecosistemas, quizás para contentar unos intereses que en realidad están amenazados por cuestiones completamente ajenas a la biodiversidad y a su conservación.

Transparencia

Si la Xunta usa recursos públicos para tratar de influir en un proceso estatal sobre conservación de especies, lo mínimo sería explicar con claridad absoluta los pasos dados, los autores del trabajo, si fueron contratados externamente y la razón de ser de esa intervención. Pero lo que se ofrece es justo lo contrario, un ejercicio de geometría variable. La metodología empleada trata de fabricar una realidad desde la penumbra, con dinero público y sin explicaciones. Ya no es un problema de ciencia o conservación, es un problema de democracia y de transparencia que erosiona las instituciones y los procesos regulados.

El Ministerio de Transición Ecológica parece que va a hacer lo único que está en su mano: sacar a información pública todos los informes y más la documentación complementaria. Con los datos objetivos podrá haber un debate riguroso pero todo apunta a que varias autonomías quieren cualquier cosa menos debates honestos. Deberían explicar por qué.

Por último, dos apuntes. El lobo fue desprotegido rocambolescamente cuando con los votos de PP, Vox, Junts y PNV fue incluido en la Ley de Desperdicio Alimentario, inclusión recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. Y ojo con lo que se remite a la UE, pues en Bruselas se analizan los informes. De detectar alguna maniobra, pueden devolver el informe a España, como ya le ocurrió a Suecia, que vio un informe sobre el lobo retornado por intentar manipular el número de individuos considerados para mantener la especie fuera de peligro. Sería otra oportunidad, también, para no hacer el ridículo internacional, en este caso con la inestimable ayuda del Gobierno de la Xunta.

Artículo publicado originalmente en Nós Diario el 28 de abril de 2026.

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A batalla cultural coa desprotección do lobo (Canis lupus) do sector máis extremista acaba de dar un salto de escala. Neste caso Galiza, ou máis ben, a Xunta, aparece no centro da trama sen que o conxunto do país se decate. Nesta escalada empréganse argucias legais e, sobre todo, ábreselle a porta á anticiencia. Non estamos a falar da xestión, nin de convivencia ou conservación. É puramente unha loita pola imposición dun relato con consecuencias moito máis alá da conservación dunha especie.

Cada seis anos, os Estados membros da UE están obrigados a remitir un informe sobre o estado de conservación das especies e hábitats (artigo 17 da Directiva de Hábitats). Non é un trámite menor nin un mero exercicio burocrático. Destes informes depende o que pasará coa biodiversidade no conxunto da UE e nos diferentes Estados nos próximos anos. Estes informes sexenais son elaborados polos respectivos ministerios con datos que, no caso de España, proporcionan as comunidades autónomas. O informe do Ministerio para a Transición Ecolóxica, construído con eses datos autonómicos, concluía que o lobo se atopa nun estado de conservación desfavorable. O habitual, normal e esperable é que este proceso concluíra co Ministerio remitindo o informe á Unión Europea.

Desprotección

Este é o punto de partida. A partir de aquí, ruído e manobras.

As comunidades do PP artellan unha operación na que a Xunta de Galiza ten un papel central. Na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne tanto as CCAA como o Ministerio, a Xunta presenta un informe alternativo que tería sido presuntamente pagado encargado e pagado con cartos da cidadanía galega sobre algo que está alén das fronteiras físicas e legais da comunidade autónoma. A opacidade é evidente: informe de autoría, criterios e custo descoñecidos e, sobre todo, por que unha administración autonómica decide intervir nun asunto que excede con moito as súas competencias políticas, territoriais e, posiblemente, a súa lexitimidade.

Para sorpresa de ninguén, este informe «alternativo» conclúe que o lobo está nun estado de conservación favorable. En Galiza, desafortunadamente, parece que non se está a prestar atención a isto. O asunto pasou con pouca ou ningunha pegada polos medios e a oposición tampouco parece ser consciente do que está a ocorrer. A Xunta está actuando nunha manobra que ten efectos no só no Estado senón tamén na relación con Bruxelas e con Portugal xa que se poría en perigo a súa poboación de lobo.

Se isto prospera, boa parte do avanzado na conservación da especie do lobo no conxunto do Estado nas últimas catro décadas marcharía polo vertedoiro da historia. E lembremos: o lobo non é unha especie máis, é o buque insignia e o símbolo da conservación da natureza en occidente e tamén o termómetro que mide de xeito preciso a nosa relación coa biodiversidade.

En definitiva, non estamos a falar dunha simple diferenza de criterio, falamos de torcer a realidade para que encaixe no seu discurso interesado. Non hai ciencia nin datos detrás, só un pulso de poder. Non hai conservación, só canto se pode chegar a desprotexer unha peza clave nos ecosistemas, quizais para contentar uns intereses que en realidade están ameazados por cuestións completamente alleas á biodiversidade e á súa conservación.

Transparencia

Se a Xunta usa recursos públicos para tentar influír nun proceso estatal sobre conservación de especies, o mínimo sería explicar con claridade absoluta os pasos dados, os autores do traballo, se foron contratados externamente e a razón de ser desa intervención. Pero o que se ofrece é xusto o contrario, un exercicio de xeometría variable. A metodoloxía empregada trata de fabricar unha realidade dende a penumbra, con cartos públicos e sen explicacións. Xa non é un problema de ciencia ou conservación, é un problema de democracia e de transparencia que erosiona as institucións e os procesos regulados.

O Ministerio de Transición Ecolóxica parece que vai facer o único que está na súa man: sacar a información pública todos os informes e máis a documentación complementaria. Cos datos obxectivos poderá haber un debate rigoroso pero todo apunta a que varias autonomías queren calquera cousa menos debates honestos. Deberían explicar por que.

Por último, dous apuntes. O lobo foi desprotexido rocambolescamente cando cos votos de PP, Vox, Junts e PNV foi incluído na Lei de Desperdicio Alimentario, inclusión recorrida polo Defensor do Pobo ante o Tribunal Constitucional. E ollo co que se remite á UE, pois en Bruxelas analízanse os informes. De detectar algunha manobra, poden devolver o informe a España, como xa lle ocorreu a Suecia, que viu un informe sobre o lobo retornado por tentar manipular o número de individuos considerados para manter a especie fóra de perigo. Sería outra oportunidade, tamén, para non facer o ridículo internacional, neste caso coa inestimable axuda do Goberno da Xunta.

Artigo publicado orixinalmente en Nós Diario o 28 de abril de 2026.